La legitimidad de todo sistema de evaluación descansa en el compromiso de evaluados y evaluadores de producir datos válidos y confiables para la toma de decisiones. Esta legitimidad puede borrarse y convertirse en simple legalidad si los procedimientos de evaluación no aseguran la calidad de la información. El peligro de una evaluación legal pero no legítima concluye entonces en la burocratización de procesos cuyo único propósito es cumplir con la normativa.
En Argentina se creó en 1995 la CONEAU como organismo oficial encargado de evaluar instituciones de nivel superior y acreditar carreras de grado y posgrado. No obstante su reconocimiento y consolidación, para lograr instalar una verdadera cultura de la evaluación en el ámbito de las universidades es necesario que los procesos de medición cumplan con las normas de calidad.
Esta investigación se propone analizar la validez y eventuales amenazas a la confiabilidad de los instrumentos que utiliza la CONEAU para medir la calidad de programas de posgrado durante la etapa de evaluación interna de los procesos de acreditación.
Silvina Miceli es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina y magíster en Educación por la Universidad de San Andrés. Es asesora técnica en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación. Asimismo, se desempeña en cargos de gestión universitaria en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA). Anteriormente, trabajó en cargos de gestión en el sector privado y en OSC en conjunto con organismos internacionales. Fue consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en el Programa de Evaluación Institucional. Dicta clases en carreras de grado y posgrado en la UCA y en la Universidad Austral. Es investigadora visitante del Centro de Altos Estudios en Educación (CAEE) de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
